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DOSSIER 9.6: El intento de asesinar a Cisneros en Charallave

Por: Efrén Calero

      Para el año de 1826 se hacía necesaria la presencia del Libertador Simón Bolívar en Venezuela, esto por la urgencia de parar la ya avanzada conspiración interna (La Cosiata) que estaba por desmembrar a la Gran Colombia, o mejor dicho la unión latinoamericana. Bolívar llegó a Venezuela el 16 de diciembre de ese año a Maracaibo y de allí pasó luego a Puerto Cabello, donde tiene que, en un acto de reafirmación de su autoridad, nombrar a José Antonio Páez como jefe superior de Venezuela, esto ocurrió en el mismo Puerto Cabello el 1 de enero de 1827 y Páez a su vez, debió reconocer y aceptar la autoridad que El Libertador tenía como presidente de Venezuela, lo cual asumió en un acto público al siguiente día.

      Bolívar una vez en el territorio venezolano, enterado de la situación generada por las diversas partidas de realistas que aún se mantenían en el accionar guerrerista contra la república, y en especial atención a las acciones de Dionisio Cisneros, realiza un decreto de indulgencia el 12 de enero de 1827 a favor del afamado último realista y su partida de facciosos, en ese documento, El Libertador plantea tres alternativas para Cisneros, la primera de estas es que éste podía ingresar a formar parte del ejército de la Gran Colombia con el mismo grado militar por él obtenido con el ejército español, la segunda era que podía vivir tranquilamente en el país, siempre y cuando respetase las leyes y autoridades de la república y en tercer lugar sí él quería abandonar el país la república le entregaría una suma de 3000 pesos para sus gasto.

Detalle de Batalla de Carabobo, de Martín Tovar y Tovar, Palacio Federal Legislativo, 1888Martín Tovar y Tovar, Detalle de la obra “La Batalla de Carabobo”, año 1888, Palacio Federal Legislativo, Caracas, Venezuela. Sigue leyendo

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DOSSIER 8.5: Notas sobre la Insurgencia estudiantil en Ocumare del Tuy: Un planteo desde la memoria 1989 -1992

Por: Arturo Lev Álvarez

Intrôdûcere

      En cuarenta años de democracia representativa en Venezuela (1958-1998) se vivió un proceso continuista de violencia política “anticomunista” en el discurso y acción política, como imposición desde la política exterior estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, haciendo del “estado de excepción”(1) la regla contra la insurgencia de la sociedad venezolana, tanto de manera física como ideológica (simbólico) en sus medidas de fuerza para el control de mujeres y hombres que conforman la república.

     Ese continuismo viene dado no sólo de las políticas implementadas en la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez (1952-1958) con apoyo del gobierno de los Estados Unidos de América(2), sino desde inicios del siglo XX, durante la dictadura de 27 años de Juan Vicente Gómez (1908-1935), y en la llamada “transición” de López Contreras (1936-1941), destinados a “(…) contrarrestar la influencia del marxismo-leninismo por diversos medios entre los cuales se contaba la represión policíaca y las formulas legales para sancionar a los ciudadanos venezolanos o extranjeros que ingresaran al territorio venezolano las doctrinas antes dichas” (2014: 34)(3). Prueba de ello fue la Ley Lara de junio de 1936 que perseguía la finalidad de controlar manifestaciones de la oposición y reprimirlas de ser necesario, con derecho a “capturar” a los revoltosos políticos y expulsarlos del territorio.

Movilización del 14 de febrero de 1936 desde la U.C.V. hasta Miraflores en protestas contra el continuismo Gomecista. año 1936

      Entre esos gobiernos que enfrentaron a los primeros hombres y mujeres con ideas y discursos anarquistas, socialistas, socialdemócratas y comunistas, con nuevas formas de organización diferenciadas del siglo XIX (formación moderna de los partidos políticos), y, por otra parte, los gobiernos de la “democracia representativa pactada”, hay un hilo conductor, que es el discurso “anticomunista” impuesto en ambas épocas y amparados por la política exterior estadounidense en algunos casos, donde el “otro”, que se opone al poder soberano estatal dominante, se encuentra automáticamente fuera del orden político-jurídico establecido, y es convertido en un enemigo del Estado y del pueblo, es allí donde las medidas de fuerza se tornan legitimas, además del trabajo propagandístico desde el Estado para obtener una “subjetividad normalizada y legitimante” del poder soberano estatal. Sigue leyendo

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